La prohibición del cese de servicio de afiliados a EPS con cartera superior a 360 días generada por la Superintendencia Nacional de Salud provocó reacciones en las IPS de la red pública y privada en Norte de Santander que se sienten presionadas por la deuda.

Con la Circular 013, se buscaba frenar el cierre de los servicios, pero ha ocasionado en la región la negativa de las IPS de firmar contratos con EPS, motivando el cobro de los servicios por adelantado y aumentando las dificultades para la atención, situación que ha sido analizada por los entes de control agrupados en la Red de Controladores del sector salud con seguimientos semanales a la prestación de los servicios.

“Los gerentes de las IPS han sido obligados a garantizar la prestación sin tener los pagos, se genera traumatismos porque la presión se traslada al prestador y no al responsable del aseguramiento (EPS).  Las IPS manifiestan una deuda de 1.3 billones y las IPS 490 mil millones de pesos, con una concertación de 9%, por eso es importante que exista la concertación de cartera”, aseguró Juan Alberto Bitar Mejía, Director del Instituto Departamental de Salud.

Se ha alertado al Ministerio de Salud y Protección Social y la Superintendencia Nacional de Salud frente la falta de continuidad en la contratación con la red prestadora sin que hasta el momento se cuente con una respuesta por parte de las entidades nacionales.  También se presenta la suspensión de servicios de IPS con contrato vigente, evidencias del incumplimiento en los pagos a la Red Prestadora pública y privadas, falta de red amplia y suficiente acorde al número de sus usuarios y estancia prolongada de pacientes en baja complejidad en espera que las EPS autoricen el traslado.

Las reuniones con EPS y su red prestadora adelantadas por el Instituto Departamental de Salud de la mano de la Defensoría Regional del Pueblo han permitido recordar que la referencia y contrareferencia es obligación de las EPS, que deberán disponer de red suficiente en todos los niveles de complejidad, garantizando recursos humanos, físicos o tecnológicos, insumos y medicamentos requeridos para la atención de los pacientes, como lo establece el Decreto 4747 de 2007.

JUAN ALBERTO BITAR MEJIA

Director